UN ACUERDO DE GOBIERNO QUE EXCLUYE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

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Esta semana conocimos el acuerdo PSOE-Sumar que guiará la acción de un hipotético gobierno de coalición si Pedro Sánchez consigue la investidura.

En el documento que recoge ese acuerdo, nos llama más la atención lo que falta que lo que contiene.

Porque del acuerdo han sido excluidas las políticas vinculadas a los derechos humanos de las mujeres.

Ninguna medida, ninguna propuesta para combatir de manera eficaz la explotación sexual y reproductiva de las mujeres. La ley de abolición de la prostitución, una promesa de Pedro Sánchez y un acuerdo del 40 congreso del Partido Socialista, fue expresa y literalmente tachada durante las negociaciones.

Nuestro país seguirá siendo el primer país de Europa en consumo de prostitución, el tercero a nivel mundial.

Ninguna referencia tampoco a la derogación de la Instrucción de 2010 que fomenta de facto el alquiler de mujeres fuera de nuestras fronteras, al permitir que se legalicen en España los bebés comprados en el extranjero. Nuestro país seguirá facilitando que los explotadores de mujeres acudan a California, Canadá, Albania o Georgia sabedores de que cuando regresen con un bebé podrán inscribirlo sin traba alguna. Según algunas fuentes, en España se han inscrito más de 2.500 bebés en la última década; pero otras referencias lo cuantifican en un millar cada año.

El acuerdo PSOE-Sumar ha ignorado que los vientres de alquiler son violencia contra las mujeres, como han recordado repetidamente las organizaciones feministas o el Tribunal Supremo, que ha sentenciado lo siguiente: “Un contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”.

De lo que sí está en el acuerdo de gobierno me gustaría destacar un punto. El que dice “Trabajaremos para conseguir la completa erradicación de las mal llamadas “terapias de conversión”, tal y como se establece en la Ley 4/2023”.

Es solo una treta lingüística para avanzar en la agenda transgenerista. Porque lo que se está diciendo es prohibiremos a madres y padres, a profesionales de la sanidad y la psicología averiguar por qué una niña, un niño rechaza su sexo y quiere cambiar su cuerpo con hormonas y cirugías. Sancionaremos a cualquier profesional que no se limite a reafirmar los deseos del menor e impediremos que las familias busquen ayuda para aliviar los malestares de género de sus hijas y sus hijos.

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